La muerte de Amaia Egaña cuando iban a desahuciarla pareció la gota que colmaba el vaso de la indignación ciudadana, y es que se venía soportando paro, precariedad, políticos alejados de la realidad, bancos que no mostraban la más mínima piedad para con quienes un día eran excelentes clientes, y de repente un día se puso cara a esas miles de personas que perdían su casa y el dedo acusador del pueblo recayó sobre políticos y banqueros, las dos profesiones más cobardes.
Parecía que ya la ley de préstamo hipotecario, que data de principios del siglo XX iba a ser reformada, una ley que protegía de forma extrema al prestamista y dejaba sin ningún derecho al prestatario.
Pronto esa esperanza se diluyó entre la clase política y la riada de noticias que cada día surgen en las noticias. En su lugar el gobierno se sacó de la chistera una ley que únicamente tendrá aplicación en casos muy extremos, y lo que es más importante, permitiendo la vigencia de leyes del siglo pasado.
La causa de esta marcha atrás la encontramos una vez más en los bancos, y es que uno de los instrumentos financieros más utilizados por éstos son las cédulas hipotecarias. Este producto consiste en captar dinero para las entidades ofreciendo como rentabilidad que paga dicho activo las hipotecas que el banco ha concedido, y que tiene en su balance, podríamos decir que es como las tan denostadas titulizaciones pero con mejor rating, con mejores garantías.
Y aquí reside el problema, las cédulas son tan importantes para la supervivencia diaria de las entidades vía líneas de liquidez del Banco Central Europeo, que la sola mención a que los activos que las soportan puedan perder su rentabilidad hace que el sistema financiero tiemble y llame raudo a Moncloa para mantener el Statu Quo.
Por desgracia una vez más triunfa la ley de los grandes números, esos que castigan al pequeño, al ciudadano, y que hacen al grande, el banco, más grande.
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